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| Pablo Remolif |
El Vicepresidente 2º de la JR provincial se refirió a la política económica del gobierno nacional y provincial analizando las principales cuestiones de lo referente al manejo de subsidios. En un documento propone analizar y debatir sobre la gestión de recursos que deberemos atender en la construcción de un programa alternativo de gobierno.
Ha quedado atrás el revuelo político originado por la pérdida del control parlamentario por parte del Kirchnerismo en las elecciones legislativas de 2009, cuando estos oponían el slogan de la “gobernabilidad” generando especulación y miedo en la ciudadanía sobre el futuro político, económico y social de la argentina.
Algunos indicadores, como el aumento del empleo informal, el descenso de la demanda laboral, el incremento de los subsidios del Estado, el número de empresas en crisis y en riesgo de ser privatizadas, comienzan a preocuparnos a la hora de estudiar los datos concretos que nos muestran como y donde estamos parados y hacia donde vamos en términos de gobernabilidad, como le gusta hablar a este gobierno.
Casi 100 mil trabajadores de empresas de distintas ramas de la industria reciben al mes 600 pesos de su sueldo a través de subsidios del Estado, otorgados con el objetivo de evitar que esas personas sean despedidas y que más de 50.000 empresas afectadas lleguen a la quiebra. Ejemplo de esto lo encontramos cuando vemos que solo durante el año 2009 el Gobierno de Cristina Fernández destinó casi 50 millones de dólares en marco del Programa de Reconversión Productiva creado por Duhalde en 2002. Estos programas creados por aquellos que tanto atacan los K no son las únicas herramientas que utiliza el gobierno para tratar de mantener el nivel de empleo. A esto hay que sumar el seguro de desempleo, la prestación que otorga el Gobierno a unos 150.000 desocupados, y que, según los expertos, debería actualizarse considerando que el salario promedio formal de la economía es de aproximadamente 2.800 pesos.
Pero también esta claro que las cuentas del Estado argentino han venido exhibiendo en los últimos años un creciente gasto en subsidios a empresas privadas como contrapartida de congelar tarifas o fijar compulsivamente algunos precios. Debe sumarse, además, el creciente déficit de empresas estatizadas, que antes no demandaban recursos públicos pero que hoy constituyen una pesada carga para nuestro bolsillo de contribuyentes. Entre estas empresas, por ejemplo esta el caso de Aerolíneas Argentinas, su capital aún es de titularidad privada, pero es mal administrada por funcionarios designados por el Gobierno, como es el caso de Recalde. Su administración arrojó un resultado lamentable: déficit del orden de 200 millones de pesos mensuales.
El programa 6,7,8 es la punta de lanza de una estrategia mediática propagandística nefasta, pero en algunas ocasiones hace las veces de ayuda memoria. Hace unos días hice un esmerado esfuerzo y al verlo tomé nota de las promesas de Cristina con respecto a la política de subsidios. Básicamente consistía en recortar esas exorbitantes partidas, que en 2010 superaron ampliamente los 50 mil millones de pesos con un incremento anual del 15% al 30% desde que asumió su gobierno en 2007, año que el monto apenas superaba los diez mil millones de pesos. En vez de esto, su gestión apuntó a recortar el gasto mediante fuertes incrementos de las tarifas de gas, electricidad y otros servicios aunque en su avanzada encontró resistencias e incluso acciones judiciales de los usuarios que han trabado su instrumentación y han metido al Gobierno en un laberinto muy difícil de salir, mas aún cuando las prioridades de quien encabeza un ministerio tan importante como economía están centradas en hacer campaña electoral.
El presupuesto de 2010 proyectaba una minima reducción (4000 millones de pesos) en la partida de subsidios. La tijera apuntaba entre otros, al sector energético y a las compensaciones de la Oncca con respecto al sector agroalimentario. Esta claro que para descifrar los parámetros respecto a la gestión de recursos por parte de este gobierno, debemos hacer algo más que mirar 6,7,8, ser mas estudiosos e hilar un poco mas fino, lo cual no es mi intención ya que se trata de un análisis político de situaciones que seguramente están dando que hablar a nuestros equipos técnicos con base en el congreso nacional.
Sin dudas que el kirchnerismo pagó un costo político y social muy alto cuando se apresuro a reducir progresivamente estas compensaciones a los sectores que producen alimentos, generando aumentos de precios que impactaron en la canasta básica de manera directa, a esto debe sumarse que la situación fiscal ha pasado rápidamente de holgada a critica y mientras Echegaray pretende inventar compensaciones con las empresas se pone a prueba la política del subisidio que se había articulado en principio para “palear los coletazos de la inflación”, frase que nos suena a una especie de recitado recurrente en el cancionero del folklore kirchnerista, que escuchamos por primera vez en 2003.
No debemos ser expertos en economía para leer la realidad argentina, de hecho me inclino por las letras, pero creo que no es muy complejo concluir en que una de las razones del fuerte aumento del gasto público en los últimos años ha sido la aparición de subsidios otorgados por el gobierno nacional que no formaban parte de los esquemas presupuestarios tradicionales o comunes. A pesar de que la política del subsidio es mas débil en el interior del país, nuestra provincia no camina por sendas muy diferentes, ya que importantes y generosas transferencias a actividades y empresas distintas de las que usualmente se incluían en el presupuesto, como aquellas destinadas a la educación privada o al sostenimiento del culto y de otras instituciones o entidades de bien público, están tan asimiladas y tienen tal alcance que nadie las cuestiona.
En Entre Ríos y para con Entre Ríos, así como para el resto y en el resto de la geografía argentina, el manejo y la asignación de esta clase de subsidios han mostrado un alto grado de discrecionalidad. Algunos sectores no recibieron compensaciones de ninguna clase y debieron someterse a traumáticas reestructuraciones de sus pasivos. Como ya lo he mencionado, se puede constatar que las transferencias en dinero o mediante combustibles subsidiados, entre otros, continúan aumentando exponencialmente y no parece haber posibilidad de un freno o al menos de una disminución considerable, sobre todo si tenemos en cuenta que estamos frente a un 2011 netamente electoral.
A pesar de este año dinámico en lo político y mas aun en lo electoral, primero esta el futuro del país y el gobierno sin dudas tiene una responsabilidad mucho mayor que quienes integramos circunstancialmente el espectro opositor, toda demora y postergación en llevar adelante la política necesaria para mejorar esta forma de gestionar los recursos, lo hará más difícil y con consecuencias económicas y sociales más traumáticas. Así resulta indispensable corregir y aplicar un criterio de racionalidad en esta “política de subsidios”, para atender realmente a las necesidades de los sectores mas postergados, partiendo de la base que no esta en los planes del gobierno llevar a cabo una modificación substancial o estructural en la misma, que sería lo ideal si tomamos en cuenta los modelos de países latinoamericanos, donde estas cuestiones son centrales y se gestionan en función de generar igualdad en la sociedad, sin pensar en clientelismo o amiguismo. Este escenario nos indica que sin dudas, será uno de nuestros desafíos mas importantes, cuando lleguemos al gobierno en Diciembre de 2011.
PABLO REMOLIF – Vicepresidente 2º JR Entre Ríos
