Días atrás hemos visto que el gobierno nacional, a través de la afip ha dispuesto que los productores agropecuarios deben informar fecha y hora en que realizaran la cosecha de sus granos, para enviar inspectores a fin de comprobar la veracidad de las declaraciones impositivas, y no solo eso sino que visitaran asimismo los lugares de acopio.
La sanción para quienes no cumplan con lo dispuesto es excluirlos del registro fiscal de operadores de granos.
No es que se esté a favor de la evasión fiscal, todo lo contrario, pero es una actitud mas de este gobierno de turno que se ha propuesto destruir a los pequeños y medianos productores, se ha puesto como adversario de este sector, y ha llevado adelante en estos años una política asfixiante en este sentido y que no solo afecta a ellos sino al consumo y al país en general, ya que no hay estabilidad, incentivos ni certidumbre para poder desarrollar debidamente la actividad y fomentar las inversiones.
Cabe destacar también la desigualdad con que este sector es tratado respecto de otros que dan miles de millones de ganancias, como la explotación de recursos mineros.
Aquellas empresas que se desempeñan en la actividad minera gozan, entre otros beneficios, de ESTABILIDAD FISCAL POR 30 AÑOS que alcanza impuestos directos, tasas y contribuciones impositivas (art. 8 ley 24.196), significa que tales empresas no podrán ver incrementada su carga tributaria total. Atento a que la reforma constitucional de 1994, en su artículo 124, devolvió la propiedad de los recursos naturales a las provincias, deben aportar solo un 3% de las regalías al fisco provincial.
Pero… ¿quién y cómo se determina el volumen extraído para calcular las regalías y los impuestos? Es sencillo y práctico: el sistema funciona a simple declaración jurada de las empresas sobre los principales minerales que explotan, sin ningún otro control estatal. Es evidente que esto fomenta la evasión. Recién 180 días después de que la carga llegue al puerto, se declara lo que llevó y paga el porcentaje deduciendo gastos de administración y comercialización.
El campo paga hasta un máximo de 35% de retenciones sobre los granos, más impuesto a las ganancias (sin deducir gastos), impuestos provinciales, tasas, etc.
La verdad es que si esa política de estabilidad fiscal y certeza que a su vez genera confianza se hubiese extendido hacia otros sectores, no solo el agropecuario y ganadero, sino también a las industrias, hoy nuestro país tendría un gran desarrollo, igual o superior al de Brasil, tal vez no tendríamos inflación, habría mucho más empleo real, no habría tanta pobreza, seriamos tratados con mayor igualdad, etc., etc., etc.
* Gerardo Ríos es Estudiante de Derecho, Universidad Catolica. Miembro del Comité Provincia de la JR.
